Establecer como una práctica antisindical el abuso del multirut, sería una de las fórmulas que analizan las autoridades para frenar dicha práctica y así cumplir con uno de los compromisos de campaña del presidente Piñera.
Pero la iniciativa, que pondría énfasis en la fiscalización vía modificación del artículo 507 y que sería plasmada en un proyecto de ley que ingresaría al Congreso en las próximas semanas, buscaría contener la tramitación del proyecto que por estos días se discute en la Comisión de Trabajo del Senado, y que apunta a cambiar el concepto de empresa.
Y es que para los legisladores de la Concertación no pasó inadvertida la suerte de "lobby" que hizo la ministra del Trabajo, Camila Merino, el martes recién pasado.
La secretaria de Estado se habría comunicado con los miembros de la oposición que integran la instancia legislativa, para solicitar que no se sometiera a votación el texto que modifica el concepto de empresa y anunciarles la intención del gobierno de ingresar un proyecto para sancionar el abuso de los multirut.
De ahí la molestia que desató entre los parlamentarios concertacionistas que sus colegas del oficialismo no concurrieran ayer a la comisión, dejando sin quórum la sesión donde se votaría en general, por lo que la reunión terminó fracasando.
"Es lamentable, porque cuando estamos discutiendo la seguridad de los trabajadores, tiene que ver con la forma en que millones de chilenos enfrentan el día a día, y sin lugar a dudas el multirut es algo que los afecta en particular", dijo la senadora DC, Ximena Rincón.
Sobre la iniciativa que ingresará el gobierno, la legisladora anunció que "una cosa es la fiscalización y otra es entender que una empresa puede enfrentar el desempeño eficiente del negocio con un solo rut y con uno o dos sindicatos, tenemos ejemplo de aquello y funcionan bien, la práctica generalizada es la que hay que corregir".
En tanto, el titular del grupo, senador Pedro Muñoz confirmó que tras la semana distrital, el proyecto que cambia el concepto de empresa será sometido a votación y que éste "no tiene nada que ver" con la iniciativa que enviaría el gobierno donde se le entregarían mayores facultades a las inspecciones del trabajo por la línea sancionatoria y de multas para aquellas empresas que usan subterfugios o simulaciones a través de los multirut.
La fórmula
Actualmente, el Código del Trabajo sanciona a los empleadores que abusan del multirut bajo el concepto de subterfugio. Las multas que considera tal infracción van desde 10 UTM a 150 UTM, lo que significa un techo de poco más de $ 5,5 millones, aumentándose en media UTM por cada trabajador afectado.
Si bien en el caso de las prácticas antisindicales la cuantía de las multas son similares, en caso de reincidencia el piso se eleva a 100 (UTM).
Pero más allá de esto, es el tratamiento judicial que se le da a estas infracciones el factor relevante, ya que según precisa el Código éstas serán vistas por el procedimiento de tutela laboral, lo que tiene relación con la vulneración de un derecho fundamental del trabajador. Otro factor relevante -explica un abogado de la plaza- es que las empresas condenadas por prácticas antisindicales quedan inhabilitadas por dos años para proporcionar servicios al Estado. Además, la Dirección del Trabajo lleva un registro de las sentencias condenatorias, información que se publica semestralmente en un medio de circulación nacional con el monto y nombre de la empresa infraccionada.
Por último y no menos relevante, esta fórmula no implicaría modificar el concepto de empresa, iniciativa rechazada por el sector empresarial en su conjunto.
Fuente: Diario Financiero
